Si bien los subsidios existen con el pretexto de fomentar la producción meritoria y disminuir el desequilibrio productivo, la realidad nos cuenta una historia muy diferente. Particularmente en el caso de los subsidios a la alimentación destinados mayormente a la explotación animal y a combustibles fósiles, a expensas de las terribles consecuencias que esto significa a nivel salud, ambiente y ética, y por lo tanto, la cancelación de su objetivo en primer lugar e incluso de los derechos básicos de la población.
De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Mexicana, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado debe garantizarlo (ad 2011). Este derecho no está siendo garantizado dado que, actualmente la alimentación sustentable no existe y la única que está siendo distribuida entre la población es aquella que, debido a su origen animal, provoca enfermedades variadas, mortales y pandémicas. Así mismo, de acuerdo con este artículo, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley (Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012). Sin embargo, las empresas contaminantes debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental, de agua y tierra, la deforestación, los incendios y más, producto de la actividad ganadera, no están siendo multadas ni están actuando con base a la ley, sino que son protegidas por el gobierno, otorgándoles impunidad, al tiempo que otorgan injusticia y enfermedad para la población humana y no humana.
Por otro lado, es bien sabido que numerosos funcionarios de gobierno reciben grandes subsidios agrícolas para la producción de alimentos para lxs animales no humanxs que serán asesinadxs. Este sesgo a favor de los grandes y medianos productores, está presente en casi todos los programas de subsidios agrícolas de México. (GESOC, p. 8) Esto, tanto en el caso de los funcionarios, como en el de las empresas como Bimbo, Bachoco o Cargill (empresa transnacional que se ha apropiado del proceso de producción de materia prima y la operatividad para Maseca y Herdez), entre otras, que reciben subsidios, significa que se ha privilegiado a quienes tienen mayor viabilidad económica y que los subsidios no cumplen cabalmente con un propósito de desarrollo social, ni siquiera de asistencia social. Un caso emblemático de este tipo de desfalco es el de Bachoco, que recibió 100 millones de pesos. (Dulce Olvera, 2019)
Por otro lado, también es sabido que el sistema tipo cluster que utilizan estas empresas implica que incluso si los subsidios no los reciben a su propio nombre, si no que son recibidos por otras pequeñas o medianas empresas, son parte de la cadena de producción de las mismas grandes corporaciones millonarias.
Por supuesto, en términos simples esto significa que, además de corrupción, el costo de una alimentación saludable y sustentable de origen vegetal, a pesar de ser mucho menor en términos de producción, es menos accesible para lxs consumidores, dado que los productos de la explotación animal tienen innumerables subsidios para volverlos competitivos y accesibles.
Impuestos que matan: subsidios al especismo y corrupción
En más de una ocasión escuchamos a lxs políticxs celebrar a bombo y platillo una política pública que incentivará la producción de “bienes meritorios positivos” y beneficiará tanto a lxs campesinxs y trabajadorxs como a lxs mismxs consumidorxs. Pero, en la práctica, otra cosa es lo que ocurre.
Los subsidios a sectores de la economía como el que se beneficia de la explotación de otrxs animales en general, llamado agropecuario, significan dinero destinado a la violación, el asesinato y la objetualización de los cuerpos de otrxs seres sintientes, especialmente cuerpos femeninos. Sin embargo, el absurdo de esta situación es mayor cuando vemos que el dinero que se recauda de nuestros impuestos se destina a financiar este holocausto.
Pese a que nos opongamos a esta injusticia con nuestras acciones diarias, por debajo de la mesa la clase dirigente del país pacta con las empresas privadas para que este círculo de explotación no se rompa. De modo que, aun cuando de manera directa no paguemos por productos de la explotación animal, de manera indirecta los impuestos que pagamos sobre otros productos o servicios van a parar a la fabricación de un nuevo matadero o una nueva jaula.
Pero no solo nos enfrentamos a la mortandad que conlleva la política especista de los subsidios, sino que se trata de una política elitista que hace más ricos a los ricos y más pobres a los empobrecidos. Mientras que empresas como Bimbo, Maseca y Bachoco reciben entre 10 mil y 12 mil millones de pesos al año (¡!), es decir, diez veces más que los recursos que se destinan al Programa de Mujeres Campesinas (Dulce Olvera, 2019), los programas dirigidos a las comunidades de bajos ingresos como Procampo, siguen excluyendo a la mayoría de los productores de menores ingresos de México, especialmente a lxs agricultorxs indígenas.
Cabe señalar que, estos programas pretenden combatir la pobreza desde un burdo asistencialismo y no generando mejores ingresos a partir del estímulo de actividades productivas locales, como podría hacerlo el subsidio de alimentos de origen vegetal como maíz, café o nopal.
Adicionalmente, la política pública de apoyo a la producción se encuentra altamente concentrada en muy pocos estados del país y en muy pocxs productores. En palabras del Movimiento Social por la Tierra y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), las políticas de subsidios lejos de ser benéficas para lxs pequeñxs productorxs, están dirigidas a las empresas transnacionales (Dulce Olvera, 2019) y los municipios indígenas son los que menos apoyo reciben (GESOC, P. 47).
Otro problema de los programas de los subsidios al campo que contribuye a la corrupción y malversación de los fondos públicos, supuestamente dirigidos a respaldar a lxs campesinxs por pérdidas en sus cultivos, por ejemplo, es la falta de transparencia de la divulgación oficial de los padrones de beneficiarixs de los principales programas de desarrollo rural.
Las cifras sobre los subsidios aparecen divididas por rubros no especificados. Así encontramos que el gasto de los fondos públicos es demasiado general, dividida en Agricultura, Ganadería, Desarrollo de la Piscicultura, pero no encontramos cifras específicas de cuánto de ese dinero se destina a los gastos que supone mantener encerrados a lxs animalxs explotadxs por la ganadería y cuánto a la agricultura. Esta falta de información oculta el hecho de que apenas el 25% de lo que supuestamente se invierte en desarrollo rural es usado en la producción de alimentos para consumo humano, mientras que el 75% de la producción agrícola se destina a la alimentación de lxs animales presxs.
Lo anterior implica un desconocimiento por parte de lxs contribuyentes sobre quién recibe cuánto, en dónde y para qué, lo que conlleva que no se puedan identificar las posibles anomalías en el modo como los programas proceden a distribuir los fondos y que se haga la justa rendición de cuentas de estos programas en el sector público.
En síntesis, los subsidios agrícolas están distribuidos de manera injusta y las principales beneficiadas por la explotación de otrxs animales no-humanxs son las grandes transnacionales, en detrimento de lxs pequeñxs productorxs. Como si fuera poco, la divulgación de los padrones de beneficiarixs y la información sobre los patrones de distribución de los principales programas de subsidios agrícolas es confusa y se oculta. Lo anterior es aún más preocupante cuando vemos que hay notables conflictos de intereses, ya que en las listas oficiales de beneficiarios de los programas de subsidios aparecen nombres de conocidos funcionarios públicos del sector agropecuario (GESOC, p. 141); entonces unx se pregunta ¿esta falta de información es una casualidad o más bien obedece al mantenimiento de este círculo de explotación animal y además humana?
¿Qué podemos hacer al respecto?
Las políticas de subsidios agrícolas y de explotación animal (agropecuarias), perpetúan la industria de explotación de víctimas animales a gran escala en México. Por ello es necesario posicionarnos ante las instituciones y exigir subsidios que no contribuyan al asesinato y tortura de las demás especies animales. Por esta vía estamos exigiendo, igualmente, subsidios que estén distribuidos de manera justa, que favorezcan la soberanía alimentaria y la producción de alimentos de origen vegetal sanos para todxs.
¡Por un veganismo popular y liberación animal!
Exige justicia con nosotrxs firmando nuestra petición por subsidios justos aquí
Referencias
- Artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
- Dulce Olvera (2019). “Bimbo, Maseca y Bachoco recibieron más subsidios que campesinos pobres en administración de Peña Nieto”, disponible en https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9686875/02/19/Bimbo-Maseca-y-Bachoco-recibieron-mas-subsidios-que-campesinos-pobres-en-administracion-de-Pena-Nieto.html
- GESOC, Subsidios para la desigualdad, disponible en http://www.gesoc.org.mx/site/wpdocs/Subsidios_Para_La_Desigualdad.pdf
- Fundar, “Persisten los subsidios millonarios para las grandes empresas”, disponible en https://fundar.org.mx/persisten-los-subsidios-millonarios-para-las-grandes-empresas/