Primero que nada, ¿qué es un subsidio?
Se consideran como subsidios a los apoyos económicos directos que proporciona el Estado a las empresas privadas, incluyendo apoyos a la producción, descuentos en impuestos y otros bienes y servicios indirectos que participan en la actividad comercial, como el uso de combustibles o desarrollo de infraestructura.
Los subsidios son solo una parte de las transferencias del gobierno, otra parte la constituyen los servicios de apoyo a la investigación, la difusión, la capacitación y otros servicios terciarios.
Si bien los subsidios existen para incentivar la producción de bienes meritorios positivos y apoyar la economía de lxs consumidores, los subsidios que reciben miles de empresarixs (pequeñx y grandes) para la explotación animal resultan en una contradicción total en cuanto al apoyo a actividades positivas, puesto que la ganadería, la experimentación animal, la piscicultura, la industria de la piel, entre otras actividades especistas, representan no sólo el uso y abuso de seres sintientes, sino las principales causas de:
- muerte de millones de animales no humanxs,
- la crisis climática,
- la crisis sanitaria humana por pandemias (como Covid-19, o cardiopatías),
- la cancelación de la soberanía alimentaria mediante la corrupción en el justo desarrollo del campo y la producción de alimentos que no son eficientes,
- una crisis de salud mental en la mayoría de lxs trabajadores en mataderos y granjas (así como de población sensible en contra del maltrato animal),
- crisis ambiental, y
- la crisis ética que contribuye de primera mano a la violencia en el país y en el mundo.
Ninguna actividad que fomente las crisis comentadas anteriormente debe ser objeto de subsidios y/o apoyos gubernamentales.
Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y ¿a quién beneficia?
Actualmente 114 mil millones de pesos del presupuesto han sido asignados para subsidios que inciden negativamente en los rubros antes mencionados, de acuerdo con el proyecto de egresos para el año 2022.
Es importante resaltar que Bimbo, Cargill, Provimi, Diamond V, SuKarne, Bachoco, Lala y Bayer-Monsanto, junto con otras empresas mexicanas y extranjeras, controlan los comités de compañías alimentarias en el país, al igual que las regulaciones sobre salud y explotación animal, lo que resulta en políticas públicas y partidas de presupuesto manipuladas que no contribuyen a un uso justo del dinero público ni tampoco al fomento de prácticas éticas y que beneficien a todxs.
Para que quede más claro, en México hay más de 129 millones de habitantes, de los cuales 13 millones son veganxs (vegetarianxs estrictxs) y se calcula que, aproximadamente, 30% de la población mexicana es api lacto vegetariana. Esto significa que un alto porcentaje de la población no se está beneficiando justamente de los subsidios a los alimentos.
Tomemos en consideración, además, que toda la población mexicana consume cereales, legumbres, frutas y verduras, pero no toda la población consume animales ni derivados de la explotación animal. Además, quienes optan por una alimentación vegetariana estricta o derivada del vegetarianismo lo hacen por motivos de ética, salud y sustentabilidad, razones de peso para apoyar este tipo de alimentación y el acceso de toda la población a más alimentos que tengan un origen 100% vegetal.
¿Por qué no deben ser subsidiados los productos de la explotación animal?
El especismo como sistema de opresión mediante la discriminación y violencia de lxs animales de especies distintas a la humana representa un fascismo y práctica que debe ser abolida. Ningunx animal debe ser sometidx a la explotación ni ninguna persona debe ser manipulada y malinformada para creer que es necesario explotar animales para cualquier actividad humana (incluída la alimentación). El especismo es causa de asesinatos, explotación, utilitarismo y maltrato de seres sintientes con valor inherente. De ningún modo puede ser justificada ni fomentada la violencia especista.
La ganadería y todo lo que le rodea consume una gran cantidad de agua, además de envenenar el agua de forma directa o indirecta con sustancias y desechos que llegan a los mantos acuíferos y causan estragos tanto en depósitos de agua dulce como en los océanos.
La ganadería y otras actividades asociadas a la explotación animal son responsables de emisiones directas (de los animales) e indirectas (su dependencia del petróleo, los productos fitosanitarios, los fertilizantes químicos, etc.) de gases de efecto invernadero, por lo que su producción contribuye significativamente al calentamiento del planeta y la crisis climática.
La ganadería causa deforestación y monopoliza la tierra cultivable, lo que contribuye a la pérdida de biodiversidad. En México, la ganadería ocupa aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 56% de la superficie nacional, una cifra verdaderamente alarmante.
El especismo, sostenido por políticas públicas y dinero público, favorece un sistema de producción de grandes capitales que concentra el mercado en unas pocas manos y es injusto para la población trabajadora en México, particularmente quienes se dedican a la producción agrícola de alimentos para el consumo humano.
La Organización Mundial de la Salud clasificó la carne roja fresca en la categoría del Grupo 2ª como carcinógeno para el ser humano, mientras que la carne procesada está clasificada en el Grupo 1 como producto carcinógeno, es decir, hay pruebas suficientes que confirman que puede causar cáncer a lxs humanos. Un producto dañino para la salud no debe ser subsidiado.
El modelo de ganadería industrial se basa en reproducir y matar animales lo más rápidamente posible bajo cualquier condición para maximizar los beneficios. Esto se traduce en explotaciones superpobladas, crueldad extrema y enfermedades, lo que deriva en amenazas a la salud pública, tanto por enfermedades zoonóticas (como el Covid 19) como por la resistencia de las bacterias a los antibióticos que se administran a lxs animales de manera desmedida.
En cuanto a la pesca, se sabe que la superficie que ocupa en el mundo es cuatro veces más grande que la de la agricultura, que la explotación de los mares está acabando con las poblaciones de peces y que la desaparición de algunas especies afecta a ecosistemas enteros. Otra razón para evitar comer peces es su fuerte contaminación de sustancias como el mercurio, los metales pesados y las dioxinas. Una vez más, todo “producto” que ponga en peligro la salud de la población no debe ser subsidiado.
Conclusión
Es urgente pronunciarnos contra las injusticias que viven lxs animalxs y el hecho de que el gobierno apoye tan fuertemente a empresas que lxs asesinan y explotan con dinero público.
La población tiene derecho a saber que estas prácticas atentan no sólo contra la vida y dignidad de animales no humanxs sino también contra la justicia laboral, la soberanía alimentaria, la ética y el ambiente, siendo una contribución fundamental a la crisis climática.
El gobierno tiene que saber que existe una parte fundamental de la población que no desea contribuir a este tipo de prácticas y que desea que se dejen de financiar a estas empresas para dar lugar a justicia alimentaria y laboral, y cambiar a prácticas éticas.
Si queremos que la situación con el especismo cambie hay que enfocarnos en la principal razón por la que se esclaviza, asesina y explota animales y esa es el beneficio económico que obtienen las empresas que controlan el consumo de productos de origen animal. La mayoría de la gente no quiere lastimar animales. No permitamos que el sistema económico siga forzando el especismo.
Por todo lo explicado anteriormente, es que la campaña Subsidios Justos. Alimento y Vida Para Todxs tiene por objetivo la divulgación de nuestras investigaciones respecto a la corrupción en los subsidios, para pedirle al público que presione junto con nosotrxs al gobierno y a las compañías a cambiar las prácticas que promueven subsidios para el especismo y que dañan tanto a poblaciones no humanas como humanas.
Únete a presionar al gobierno y las compañías responsables de estas prácticas para que dejen de explotar animales, afectar la economía del país, dañar la soberanía alimentaria, las condiciones de trabajo de lxs campesinxs y engañar a la población.
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